La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) manifestaron su profunda preocupación por los recientes actos que vulneran la libertad de expresión y de prensa en el país. Estos hechos ocurren en un contexto de tensiones político-partidarias que están generando un clima de intolerancia, especialmente preocupante en el inicio del periodo preelectoral hacia los comicios nacionales del 17 de agosto próximo.
En días recientes, el expresidente Evo Morales interrumpió abruptamente una entrevista con dos periodistas del medio internacional Bloomberg. Durante el incidente, Morales exigió a uno de los reporteros que entregara su teléfono celular para verificar que no continuaba grabando. Esta reacción se produjo ante la insistencia de los periodistas por obtener una respuesta sobre las acciones que el exmandatario adoptaría en caso de no ser habilitado como candidato presidencial.
El hecho ocurrió en Lauca Ñ, región del Trópico de Cochabamba, considerada un bastión del Movimiento al Socialismo (MAS) y donde Morales cuenta con un fuerte respaldo sindical. En esta zona, se han registrado reiterados pronunciamientos amenazantes por parte de grupos afines al expresidente.
Desde la ANPB y la ACPI, se rechazó categóricamente este tipo de conductas intolerantes y se exhortó a los actores políticos, precandidatos presidenciales y sus equipos de comunicación a mantener una actitud democrática en su trato con los periodistas. Se destacó la importancia de garantizar que los profesionales de la prensa puedan realizar su labor de informar a la población sin obstáculos ni presiones.
Se recordó que, según la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del 31 de agosto de 2004, es indispensable proteger y garantizar la libertad de expresión durante el debate político previo a las elecciones. La Corte IDH ha destacado que es esencial permitir un amplio debate sobre asuntos de interés público, ya que esto es fundamental para el funcionamiento de un sistema verdaderamente democrático. Además, los candidatos a cargos públicos, como la Presidencia, se someten voluntariamente al escrutinio público, y es legítimo cuestionar su capacidad, idoneidad y propuestas.
En este sentido, se ratificó el compromiso con la defensa de la libertad de expresión y de prensa, derechos fundamentales para la democracia. Se exigió a los actores políticos garantías para el ejercicio del periodismo y a las autoridades electorales, el estricto cumplimiento de la normativa constitucional que protege la libertad de expresión sin censura previa.
