El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, defendió los resultados de la Ley 1503, que autoriza la compra y comercialización de oro para fortalecer las Reservas Internacionales. Durante una sesión en la Cámara de Senadores, Montenegro aseguró que esta normativa permitió el flujo de 23,5 toneladas de oro, lo que facilitó el pago del servicio de la deuda externa y evitó que Bolivia cayera en default (impago).
“La Ley permitió 23,5 toneladas de flujo de oro, comercialización en flujo, ha permitido que podamos seguir pagando el servicio de la deuda externa, no entrar en default, eso es lo que ha permitido”, afirmó el ministro.
La Ley 1503, promulgada en mayo de 2023, autoriza al Banco Central de Bolivia la compra de oro del mercado interno para el fortalecimiento de las Reservas Internacionales, y efectuar operaciones financieras con las Reservas Internacionales en oro en los mercados internacionales.
Durante la sesión, los senadores Luis Adolfo Flores e Hilarión Mamani cuestionaron los resultados de la normativa. “¿La Ley del oro ha servido?”, reclamó Mamani. Montenegro respondió que sus resultados habrían sido mayores si el Legislativo lo hubiese aprobado antes.
“El proyecto de fortalecimiento de las reservas internacionales se planteó en mayo de 2021. ¿Cuándo se aprueba? En abril de 2023. El año 2023 también empieza a no desembolsarse al mismo ritmo (los créditos) y el servicio de la deuda externa, o sea, si hubiera habido el mismo ritmo de desembolsos al servicio de la deuda externa, más la ley de fortalecimiento de las reservas, todo calzaba”, defendió el ministro.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Economía y Fianzas Públicas, en 2022 Bolivia pagó $us 1.810 millones por el servicio de la deuda externa, en 2023 fueron $us 1.491 millones y en 2024, llegaron a $us 1.526 millones.
La discusión se dio en el marco de la aprobación de un crédito de $us 75 millones para el “Programa de apoyo para la gestión de riesgos ante eventos adversos del clima para el Estado Plurinacional de Bolivia”, que la Cámara de Diputados aprobó en octubre de 2024.
