El Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, participó hoy de la inauguración de las jornadas de descongestionamiento del Centro de Reintegración Fortaleza San Guillermo de Malavalle, con la finalidad de generar un espacio para que los adolescentes con responsabilidad penal puedan resolver su situación jurídica, en el marco de la norma. Asimismo, la autoridad entregó víveres como arroz, harina, aceite, entre otros, para apoyar en la subsistencia y desarrollo integral de los menores de edad de ese centro.
“Estamos en un centro donde, bien decía su encargado, hay jóvenes que han cometido errores, pero que también son delitos, más allá de eso creo que es importante poder tomar contacto con ellos para ver si existe alguna salida alternativa que se les pueda dar, sepan jóvenes que en la vida existen las leyes, pero también existen las segundas oportunidades que da Dios, sepan valorarlas. El día de hoy en estas jornadas de descongestionamiento que se programó con el Órgano Judicial, si acceden a la misma, háganlo por sus familias”, sostuvo Mariaca durante la inauguración de las jornadas de descongestionamiento.
Asimismo, la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio Público hizo entrega de víveres como arroz, harina, aceite, entre otros materiales que contribuirán al desarrollo integral de los adolescentes que se encuentran recluidos en ese centro. Por su parte, el Responsable del Centro Fortaleza, Mario Mazzoleni, agradeció el apoyo y la ayuda brindada por el Fiscal General del Estado.
De la actividad también participó el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, el Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, entre autoridades que intervienen durante las jornadas de descongestionamiento.
Las jornadas de descongestionamiento carcelario son actividades realizadas por el Órgano Judicial, el Ministerio Público, Defensa Pública, Defensor del Pueblo, entre otras instituciones del sistema penal boliviano con el objetivo de revisar los casos de los privados de libertad, contribuir a la reinserción social de los jóvenes en conflicto con la ley, reducir la sobrepoblación de las cárceles y agilizar la administración de justicia, cumpliendo con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
