La Sala Segunda del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando que anuló el proceso hacia las elecciones judiciales y exhortó a garantizar los derechos de las mujeres e indígenas en la preselección de candidatos.
Así lo establece la Sentencia Constitucional Plurinacional 0191/2024-S2 de este 23 de mayo, firmado por las magistradas Karem Gallardo y Brígida Vargas.
“El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, de conformidad con el art. 44.2 del Código Procesal Constitucional; en revisión, resuelve: REVOCAR en todo la Resolución 004/2024 de 30 de abril, cursante de fs. 475 a 493, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada”, refiere parte de la sentencia.
Además, el TCP exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional, particularmente en sus Comisiones Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral, y de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, “garantice el derecho constitucional de las mujeres, y Naciones y pueblos Indígena Originario Campesinos a participar en los órganos e instituciones del sistema de justicia, así como la igualdad, equidad y paridad de género en la conformación de la institucionalidad del sistema de justicia en sus instancias superiores”.
El fallo da paso a la retoma de la preselección de candidatos a las elecciones judiciales en el Legislativo, que fue paralizado en la fase de exámenes orales a más de 400 candidatos.
Tras dos fracasos en 2023, el tercer intento de preselección de candidatos en la Asamblea Legislativa empezó el 17 de febrero, con la publicación de la convocatoria, y debió culminar el 6 de mayo con la remisión al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de la nómina de los postulantes preseleccionados aprobado por dos tercios de los legisladores en sesión de Asamblea.
Sin embargo, en la última fase de evaluación oral fue suspendida por orden judicial, como consecuencia de un recurso presentado por una candidata inhabilitada que denunciaba vulneración de sus derechos. El recurso de acción popular interpuesto por Yeni Duri Bautista en Pando terminó anulando el proceso, adujo falta de igualdad para candidatas indígenas.
Conocida la determinación del TCP, el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, instó a los presidentes de las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural, los senadores “evistas” Miguel Rejas y Roberto Padilla, respectivamente, a convocar con “carácter de urgencia” a sesión para reactivar el proceso de preselección en el punto que se quedó a mediados de abril, pruebas orales a los más de 400 aspirantes.
Pero previamente, dijo, se debe atender las resoluciones de más de 20 amparos que lograron igual número de aspirantes, y también discutir los mecanismos que den certidumbre sobre las preguntas que se realizarán en las pruebas orales.
“Ahora no existen escusas para no concluir este proceso y tampoco para no aprobar los créditos”, argumentó Jauregui en alusión a los más de $us 600 millones estancados en su tratamiento en el Legislativo por decisión de legisladores “evistas” y de las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC).
No obstante, el diputado opositor de Creemos José Carlos Gutiérrez indicó a Radio Panamericana que será necesaria la aprobación de una ley para continuar con el trabajo de preselección, porque los plazos fijados por la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024 eran “fatales” y fenecieron.
“Tiene que haber una ley de la Asamblea Legislativa que apruebe la ampliación de plazos, porque los que se tenían eran fatales en cada una de las etapas; por lo tanto, se necesita una ley que amplíe los tiempos», insistió.
Sin embargo, Jauregui explicó que, si bien se paralizó el proceso de preselección faltando 15 días para su conclusión, no fue por una decisión de la Asamblea Legislativa, sino por recursos constitucionales que impugnaron la labor.
“No hubo una conclusión de plazos, sino una suspensión. Se tiene que reanudar con la cantidad de días faltantes para concluir toda la fase de preselección, pero también necesitamos tiempo para poder resolver y atender las observaciones de los postulantes que han acudido a salas constitucionales en contra de su inhabilitación”, precisó.