“En unidad hemos superado momentos difíciles y en unidad volveremos a hacerlo”, escribió ayer en redes sociales el presidente Luis Arce, en vísperas del Día de la Patria, que coincide con una compleja crisis del país.
El mandatario hizo referencia a la situación actual del país —que cumplirá 199 años este 6 de agosto— al agradecer el “firme y permanente respaldo” de las organizaciones y pueblos indígenas.
Arce y su gabinete acaban de superar, aunque de manera temporal, una ola de conflictos que en los últimos días se decantó con un bloqueo nacional de carreteras propiciado por el transporte pesado, que demandaba la provisión de combustibles, reclamaba por la escasez de dólares e, incluso, exigía la renuncia de los ministros de Hidrocarburos, Franklin Molina, y de Obras Públicas, Édgar Montaño; el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Germán Jiménez, y la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo.
Crisis
Ante la escasez de combustibles, el líder de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT), Héctor Mercado, incluso anunció la exigencia de “adelanto de elecciones generales” en caso de que el Gobierno no atienda las demandas.
Suspendido el último bloqueo —en Tambo Quemado, municipio de Turco, en Oruro— el jueves, el flujo de cisternas de Arica (Chile) hacia Bolivia se normalizó. Y desde el sábado se distribuye diésel en todo el país.
El propio presidente Arce tuvo que comunicarse con su par de Chile, Gabriel Boric, para solicitarle la apertura excepcional de la terminal Sica Sica, en Arica, para la descarga de combustibles de barcos en ultramar.
Otro hecho grave antecedió a esas protestas. El 26 de junio, el entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, lideró una asonada militar en la plaza Murillo. El gobierno de Arce consideró que el suceso se trató de un “fallido” golpe de Estado y, en contraposición al reproche internacional, su contendor político, el expresidente Evo Morales, consideró que fue un “autogolpe bien montado”, aunque al principio calificó de golpe de Estado.
Cinco generales vinculados en los hechos, entre ellos Zúñiga, fueron dados de baja de las filas de las Fuerzas Armadas por disposición de un tribunal militar.
Judiciales
En medio de esa grave situación de inestabilidad democrática, la Asamblea Legislativa no termina de encauzar las elecciones judiciales rezagadas desde 2023.
En un intento por aprobar los informes de preselección de postulantes, el jueves, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, fue increpado por legisladores evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS), que tomaron de forma violenta la testera.
Un día antes, diputados de la misma facción hicieron lo mismo en la directiva de la Cámara de Diputados cuando el titular de este órgano, Israel Huaytari, del ala arcista del MAS, se aprestaba a poner a consideración de la sala el anteproyecto de ley de suspensión de elecciones primarias, devenido de un acuerdo multipartidario e interinstitucional propiciado el 10 de julio por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Aprobada la ley en Diputados, la Cámara de Senadores se muestra un escollo para la iniciativa. Sin bien su presidente, el senador evista Andrónico Rodríguez firmó el acuerdo, debe sopesar la suspensión de las primarias, a pesar de Morales, que reivindica el proceso y, a última hora, desafió a Arce a someterse a elecciones “primarias abiertas” para la elección del binomio del MAS en las elecciones generales de 2024.
Dato
El MAS no logra renovar su directiva debido a la fuerte división entre sus facciones evista y arcista. El TSE denegó varios intentos de sendos congresos partidarios.
La crisis del MAS se decantó en septiembre de 2022, cuando Morales denunció un “plan negro” en su contra. Dicho conflicto interno es uno de los factores de la crisis política en el país que se percibe en los desacuerdos en la Asamblea Legislativa.
Desde marzo de 2023, diputados y senadores no logran encaminar las elecciones judiciales, que debían renovar 23 cargos en los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional y Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura. La situación de crisis institucional desembocó en la prórroga de mandato (más allá de los seis años constitucionales) de los magistrados y consejeros electos en 2017 dispuesta por la Declaración Constitucional 049/2023.
La Asamblea Legislativa se reunirá este lunes en Sucre para buscar una salida a la crisis y reencauzar las elecciones judiciales.//LA RAZÓN