Los responsables de los daños a la economía y la comisión de delitos durante el bloqueo de caminos de 24 días deben responder a la justicia en el marco del respeto al debido proceso, afirmó este viernes la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.
“Tienen que responder ante la justicia en el marco del respeto al debido proceso, eso es lo que corresponde, porque aquí se ha afectado al Estado, a la población, a la economía, a la libre transitabilidad”, dijo la autoridad en conferencia de prensa, en referencia a los promotores del bloqueo, que son afines a Evo Morales y que llevaron a cabo la medida del 14 de octubre al 06 de noviembre.
La autoridad recordó que el bloqueo evista generó un daño a la economía de más de $us 2.200 millones y fueron afectadas empresas grandes, medianas y pequeñas, sectores productivos, transporte, gremiales, entre otros, y la población en su conjunto.
Además, señaló que en los puntos de bloqueo, los grupos afines a Morales agredieron con violencia a policías, periodistas, personal de Salud y transportistas.
En puntos de bloqueo de Parotani y Mairana, los movilizados retuvieron a policías y periodistas, utilizaron explosivos y dinamitas para impedir los operativos de desbloqueo.
Los evistas agredieron a al menos 25 trabajadores de la prensa en los puntos de bloqueo, les robaron su material de trabajo y les atacaron con palos, piedras y explosiones de dinamita.
“Si aquí se cometen delitos, la instancia que corresponde tiene que investigar en el marco del debido proceso y se tiene que responder a la justicia, no pretendan generar daños, cometer delitos y luego tratar de quedar impunes”, insistió.
Humberto Claros y Ramiro Cucho, afines a Evo Morales, identificados como líderes del bloqueo de 24 días, fueron aprehendidos la noche del miércoles y son investigados por al menos 12 delitos, ente ellos por presunto alzamiento armado y terrorismo.
La Policía Boliviana informó que en el domicilio de Cucho se encontró municiones y armamento de guerra.
Asimismo, el verde olivo se moviliza a nivel nacional para cumplir con la aprehensión de Ponciano Santos y el exministro, Juan Ramón Quintana, también acusados por terrorismo, alzamiento armado y daños a bienes del Estado.