La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) reveló que dos cisternas, que transportaban 48.000 litros de combustible, fueron interceptadas en Caranavi (Yungas de La Paz) tras desconectar sus sistemas de GPS y carecer de la hoja de ruta obligatoria. El caso expone fallas en los controles de transporte y reactiva las alertas sobre el mercado ilegal de carburantes.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó este viernes sobre un nuevo caso de desvío ilegal de combustible, luego de que dos cisternas que transportaban 48.000 litros de carburante fueran interceptadas en el municipio de Caranavi, al norte de La Paz. Según las investigaciones preliminares, los vehículos salieron de la planta de Senkata, en El Alto, el pasado 18 de marzo, con destino a estaciones de servicio en San Borja y el norte de La Paz, pero desconectaron sus sistemas de rastreo GPS horas después, lo que impidió su monitoreo.
Andrés Lamas, jefe de la Unidad de Análisis y Evaluación Técnica de la ANH, detalló que las cisternas fueron escoltadas por las Fuerzas Armadas hasta su destino inicial, cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos. Sin embargo, en la madrugada del 21 de marzo, los sistemas de GPS fueron desactivados, y al día siguiente los vehículos aparecieron en Caranavi sin la hoja de ruta, un documento obligatorio emitido por la Dirección General de Sustancias Controladas (DGSC) que acredita la legalidad del transporte.
«Este hecho sugiere un desvío ilegal de combustible, ya que los vehículos no contaban con la documentación requerida y su ubicación no pudo ser rastreada en tiempo real», explicó Lamas. La ANH inició una investigación por presunta comercialización y almacenamiento ilícito de carburantes, mientras que los conductores de las cisternas fueron aprehendidos por la Fiscalía.
El incidente escaló cuando una turba tomó control de los vehículos, que ya contaban con precintos policiales, durante un apagón en la zona. Testimonios recogidos por medios locales indican que los vecinos exigían la distribución del combustible, mientras que la Policía atribuyó el traslado de las cisternas a «personas contratadas«, cuyo paradero aún no ha sido esclarecido.
Lamas enfatizó que, por instrucción presidencial, todas las cisternas que salen de Senkata deben ser custodiadas por militares y reportar su ubicación mediante sistemas como el GPS. Sin embargo, este caso evidencia fallas en los controles post-entrega, lo que refuerza la necesidad de ajustar los protocolos para evitar desvíos ilegales.
El hecho reactivó las alertas sobre el mercado ilegal de combustibles, un problema recurrente que afecta a varias regiones del país, especialmente en un contexto de escasez de carburantes. La ANH aseguró que continuará fortaleciendo los mecanismos de control para garantizar que el combustible llegue a su destino legal y no sea desviado hacia circuitos informales.
Mientras tanto, las autoridades continúan investigando el paradero del combustible y las posibles redes involucradas en este ilícito, que ha generado preocupación entre la población y las instituciones encargadas de regular el sector hidrocarburífero.
