En su participación en la 58° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Luis Arce condenó este lunes los discursos y acciones que violan los derechos de los migrantes y rechazó todo intento de criminalizar la migración. Durante su intervención, que se realizó de manera virtual y duró 10 minutos, el mandatario boliviano reafirmó el compromiso «irrenunciable» de Bolivia con la promoción y protección de los derechos humanos.
“No podemos dejar de mencionar nuestra condena a los discursos y acciones que violan los derechos de las y los migrantes. Rechazamos todo intento de criminalizar la migración y reafirmamos el invaluable aporte del migrante al desarrollo económico, social y cultural de las sociedades en todo el planeta”, expresó Arce.
El presidente destacó que Bolivia cree en un multilateralismo “inclusivo, solidario y transformador” y aboga por el diálogo en “igualdad de condiciones, la reducción efectiva de las brechas de desigualdad y la construcción de sociedades más justas y equitativas”. Además, hizo un llamado a los estados para reforzar el diálogo, la cooperación y la solidaridad, subrayando que el camino debe ser el compromiso con el “multilateralismo efectivo”.
Arce también resaltó el papel fundamental del Consejo de Derechos Humanos como un espacio que debe promover la universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos, “lejos de toda politización y dobles estándares”. Recordó que, desde 2008, Bolivia ha demostrado acciones concretas en la defensa de los derechos humanos, especialmente de las poblaciones “históricamente marginadas”.
Entre los avances mencionados, el mandatario destacó la promoción del derecho al desarrollo, la garantía de una vida libre de violencia para mujeres, niñas y niños, y la inclusión plena de las personas adultas mayores y aquellas con discapacidad. Asimismo, reivindicó los derechos de los pueblos indígenas, originarios, comunidades campesinas y afrodescendientes, así como los derechos de la Madre Tierra.
En ese contexto, Arce recordó que, en 2023, Bolivia, junto con Cuba, Gambia, Luxemburgo, Sudáfrica, Kirguistán e Indonesia, logró la aprobación de una resolución para establecer un grupo de trabajo sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. Este esfuerzo avanza en la implementación de la Declaración aprobada en 2018, que busca saldar una deuda histórica con quienes, a pesar de producir los alimentos que sostienen a las sociedades, han sido sistemáticamente excluidos de las estructuras de poder y protección internacional.
“La Declaración de los Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales es un documento de avanzada en cuanto al reconocimiento de derechos y refleja asuntos prioritarios como el acceso a servicios básicos, el derecho a la alimentación, a la vivienda, a un medio ambiente sano, a luchar contra la discriminación, entre otros temas relevantes a nivel global, para cerrar brechas entre ciudades y áreas rurales”, concluyó el presidente.
Con su intervención, Arce reiteró el compromiso de Bolivia con los derechos humanos y su lucha por la justicia social y la equidad a nivel global.