El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió este lunes una acción de inconstitucionalidad contra la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, considerada confiscatoria por varios sectores de Bolivia. La medida fue el resultado de intensas gestiones realizadas por la Cámara Nacional de Industrias (CNI) en coordinación con otros actores agrupados en el Comité Multisectorial a nivel nacional.
El presidente de la CNI, Pablo Camacho, destacó que los industriales fueron los primeros en rechazar y solicitar la anulación de esta disposición, al considerarla una transgresión al derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución Política del Estado (CPE). “Los industriales iniciamos un conjunto de acciones intensas en coordinación con varios sectores empresariales y gremiales, así como distintas Cámaras y Federaciones Nacionales aglutinadas en el Comité Multisectorial, para lograr que esta norma sea anulada”, afirmó Camacho.
La decisión del TCP suspende la aplicación de la disposición adicional séptima hasta que se emita una sentencia definitiva. Además, prohíbe el tratamiento de cualquier otra normativa vinculada a esta disposición mientras el Tribunal no se pronuncie. Camacho señaló que la norma genera un clima de “alta inseguridad jurídica” para la inversión privada, y que la acción del TCP representa un acto de defensa y respeto a los derechos a la actividad económica y la propiedad privada, garantizados en la CPE.
Finalmente, el presidente de la CNI aseguró que, a través del Comité Multisectorial, mantendrán una “permanente vigilia” y continuarán adoptando acciones y pronunciamientos para lograr la anulación definitiva de esta disposición confiscatoria.
