“Es de gran valor para las autoridades a cargo de las investigaciones, brindar respuestas útiles y eficaces a los problemas que se presentan, buscando obtener resultados satisfactorios que desarticulen las organizaciones criminales que operan de manera transnacional dedicadas a actividades como el Narcotráfico, entrelazadas a la Trata de Personas, el tráfico de armas y el blanqueo de capitales, a fin de cualificar el trabajo de las fiscalías especializadas y concretar la construcción de un sistema penal más justo, pero fundamentalmente más humano”, sostuvo Lanchipa.
La autoridad ponderó el compromiso institucional del Ministerio Público de Bolivia en la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional y el continuo fortalecimiento con la cooperación internacional. “La Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia se ha identificado como un gran aliado estratégico para el cumplimiento de los fines de la cooperación y el entendimiento que debe prevalecer entre la institución y los organismos internacionales como centro y base de toda una estrategia de acción”.
Durante el mismo acto, la Eurojust suscribió otros Acuerdos de Trabajo con el Fiscal Nacional del Ministerio Público de Chile, Ángel Valencia Vásquez; el Fiscal General de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez; la Fiscal General del Estado de Ecuador, Diana Salazar Méndez y el representante de la Fiscalía General de la Nación de Perú.
A su turno, el presidente de la Eurojust, Ladislav Hamran, dijo que durante más de 20 años, Eurojust ha creado un red mundial que permite a los fiscales acceder a jurisdicciones dentro y fuera de la Unión Europea y hoy, se refuerza la cooperación con estos cinco países de América Latina.
Mediante los Acuerdos de Trabajo, las fiscalías de Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Perú y el colegio de Eurojust, acordaron fortalecer la respuesta conjunta al crimen organizado, incluido el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas, los delitos financieros, los ciber-delitos, el tráfico de bienes culturales y los delitos medioambientales. Asimismo, se comprometen a implementar los Acuerdos de Trabajo y mejorar la cooperación incluyendo reuniones de coordinación y equipos conjuntos de investigación entre entidades de investigación y persecución criminal de América Latina y la Unión Europea.