El Gobierno nacional advirtió desinformación y politización en la movilización de sectores, como transportistas y gremiales, porque hay despacho adicional de carburantes ante la sobredemanda y el decreto de 4732, a diferencia del cuestionamiento, logró resarcir a víctimas de inmobiliarias más de Bs 944.000.
La postura la fijó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ante el bloqueo de este lunes por parte de transportistas de carga internacional en Oruro en demanda de dotación de carburantes, suministro de dólares, atención en temas impositivos y aduaneros.
Una fracción de gremiales anunció y protagonizó marchas exigiendo la abrogación del decreto supremo 4732 del 1 de junio de 2022, pese a que solo establece disposiciones destinadas a la regulación, prevención de cláusulas abusivas y prácticas comerciales abusivas en contratos relacionados con la venta futura, característica del negocio de inmobiliarias y constructoras.
“La vía siempre va a ser el diálogo. Todo bloqueo genera perjuicio”, afirmó Alcón y reiteró que el Gobierno está “con la disposición de dialogar”.
En el caso de combustibles, explicó que cada día se entregan “siete millones de litros de gasolina y siete millones de diésel”.
“Tenemos una sobredemanda de 10 millones de litros entre diésel y gasolina que se está cubriendo. A la población decirle que estamos cubriendo y trabajando, se tiene garantizado la dotación de combustibles”, insistió.
Sobre el Decreto Supremo 4732, que los seguidores de Evo Morales y de la oposición piden su abrogación, explicó que éste solo precautela el derecho de la población que adquiere un bien inmueble, garantizando que no sea estafado.
Además, recordó que fue resultado de un proceso de socialización no solo con la población, sino con instituciones como la Cámara Boliviana de la Construcción y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), entre otras.
“Hemos visto que existe una desinformación, por ejemplo, con el decreto 4732 que tiene más de dos años de vigencia. Para nada pretende quitar las viviendas (…) Desde el 2022 hasta el 2024 existe, incluso, un resarcimiento de más de 944.000 bolivianos, porque estamos hablando de proteger a la población boliviana”, argumentó.
Alcón advirtió que hay una “politización de las movilizaciones”.
“Hay especulación, desinformación y, sobre todo, politización que viene detrás de todo este discurso, que lo que busca es una desestabilización, a través de la especulación”, insistió y afirmó que “quienes están generando todo ese perjuicio con los bloqueos politizados tienen este doble discurso, solo les interesa su candidatura”.
Acusó a Morales de anteponer sus aspiraciones electorales a los intereses de la población, con sus amenazas de iniciar un bloqueo de caminos si el Tribunal Supremo Electoral reconoce el congreso del Pacto de Unidad realizado el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto, donde se eligió a Grover García como presidente del MAS-IPSP.
