El juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por el caso denominado “Petrocontratos” se reinstalará el martes 20 de agosto a las 10h00. El Tribunal podría emitir la sentencia condenatoria en los próximos días.
“Ya se produjo toda la prueba presentada por la acusación del Ministerio Público y la acusación particular, representada por la Procuraduría, por el Viceministerio de Lucha Contra la Corrupción. El martes se reanuda el juicio, el martes estamos convocados, para que la Defensa (Pública) pueda presentar sus descargos”, informó el procurador César Siles.
El Tribunal de Juicio de Responsabilidades deberá evaluar las pruebas documentales y testificales presentadas por la parte acusadora.
En esta etapa, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en su calidad de acusador particular, presentó una prueba documental “extraordinaria”.
“Esperemos como está avanzando (el juicio), ahora sí, con un ritmo acelerado podamos tener pronto una sentencia por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, delitos graves de corrupción cometidos en el gobierno del señor Sánchez de Lozada y sus ministros”, añadió la autoridad.
La Procuraduría busca sentar un precedente contra la impunidad, pero sobre todo se buscará la reparación civil de los daños.
“Queremos que se sienta un precedente contra la impunidad, contra la retardación de justicia, pero una vez obtengamos la sentencia condenatoria que, se está pidiendo por el Ministerio Público de 10 años (cárcel) por ambos delitos, iniciaremos también la acción reparatoria civil para exigir el resarcimiento del daño causado al Estado”, explicó Siles.
Según la acusación, ninguno de los 106 contratos se realizó con la supervisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Congreso Nacional, en su momento.
De 106 contratos, 52 se firmaron en la primera gestión del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997); 49 en la del extinto Hugo Banzer (1997-2001); cuatro en la de Jorge Quiroga (2001-2002); y uno en la de Carlos Mesa.
Sánchez y sus exministros Carlos López Quiroga, Jorge Berindoague Alcócer y Carlos Contreras del Solar están acusados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas, sin la autorización del Legislativo, como mandaban las normas.
El caso fue abierto en 2005 (hace 19 años) en contra de los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada, Jorge “Tuto” Quiroga y otros; sin embargo, Quiroga fue excluido del proceso debido a la amnistía que le fue otorgada por el expresidente Evo Morales, en 2018.
Según la denuncia, se favorecieron los intereses de las petroleras en desmedro de los intereses del Estado.