viernes, octubre 18

Ministerio Público socializa el protocolo de Acceso a la justicia penal interjurisdiccional a autoridades indígenas de Santa Cruz

MINISTERIO PÚBLICO

La Fiscalía General del Estado a través de la Dirección de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación Fiscal en coordinación con la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) realizó la socialización del protocolo de “Acceso a la justicia penal interjurisdiccional y de Coordinación y Cooperación entre el Ministerio Público y la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina”, dirigido a autoridades indígenas originarias campesinas del departamento de Santa Cruz.

“Nosotros como operadores del sistema de justicia ordinaria tenemos que reconocer la coexistencia de ambos sistemas de justicia y respetar las competencias y atribuciones de cada una de ellas, es por eso que el Fiscal General del Estado con ese propósito de reconocer y materializar la coexistencia de ambos sistemas de justicia, instruyó la elaboración de este protocolo que delimita las competencias; asimismo, interpreta alcances de la ley de deslinde de jurisdicción, jurisprudencia de tribunales y otros, que determina las pautas que debemos seguir para reconocer el ámbito de aplicación de la justicia indígena originaria campesina como el de la justicia ordinaria”, dijo el Director de Gestión Fiscal, Supervisión y Evaluación, Roberto Almendras Gamarra.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), Hugo Molina, catalogó la socialización del protocolo del “Acceso A la Justicia Penal Interjurisdiccional y de Coordinación y Cooperación entre el Ministerio Público y la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina”, como un hecho histórico que permitirá retroalimentar y dialogar sobre todas las inquietudes de los pueblos indígenas en el ámbito judicial.

A su turno, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, indicó que estos encuentros son importantes para cruzar criterios, “la Constitución Política del Estado es clara y los Pueblos Indígenas son parte de ella, por eso se tienen que respetar sus derechos y atribuciones”.