El Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá indemnizar con aproximadamente 1,3 millones de bolivianos al exembajador Diego Pary, tras la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que determinó que se vulneraron sus derechos políticos al inhabilitar su candidatura a senador por Potosí en las elecciones de 2020.
El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, confirmó el fallo y señaló que el pago corresponde a daños y perjuicios, costas judiciales y lucro cesante. «El TCP ordenó resarcir económicamente a Pary por no haber podido participar en aquellos comicios», explicó Tahuichi a Cadena A.
El caso
En febrero de 2020, el TSE —entonces presidido por Salvador Romero— inhabilitó la candidatura de Pary bajo el argumento de que no cumplía con el requisito de residencia en Potosí, ya que su domicilio electoral estaba registrado en La Paz. Una situación similar ocurrió con el expresidente Evo Morales, quien también fue excluido como candidato a senador por Cochabamba.
Pary, quien fue canciller durante el gobierno de Morales y luego embajador ante la ONU, denunció en su momento que la decisión fue «política». Presentó un recurso de revisión, pero el TSE mantuvo su postura.
Fundamento legal y reparación
El TCP falló a favor de Pary en octubre de 2024, considerando que su derecho a la participación política fue afectado injustamente. La norma electoral exige residencia en la circunscripción a la que se postula, pero el exembajador argumentó que su inhabilitación carecía de sustento suficiente.
Tahuichi reconoció que, según jurisprudencia, el TSE solía verificar este requisito mediante el certificado de domicilio electoral, que en el caso de Pary lo ubicaba en Alto Obrajes (La Paz). Sin embargo, el TCP determinó que la aplicación de este criterio fue arbitraria.
Consecuencias y contexto
Este fallo sienta un precedente en casos de inhabilitaciones controvertidas y podría abrir la puerta a reclamos similares. Mientras el TSE prepara el pago, el caso reaviva el debate sobre el uso de requisitos técnicos en decisiones con trasfondo político.
La indemnización a Pary marca un capítulo más en las tensiones entre el Órgano Electoral y figuras del MAS, en un contexto donde persisten cuestionamientos a decisiones adoptadas durante la crisis política de 2019-2020.
